Las autoridades argelinas han tomado medidas que deberían haber tomado hace tiempo para abordar la violencia sexual y de género al aprobar un decreto destinado a indemnizar económicamente a las víctimas de violencia sexual a manos de grupos armados en el conflicto interno de la década de 1990, durante el cual cientos de mujeres, si no miles, fueron secuestradas y violadas. Asimismo, las autoridades han presentado proyectos de ley que, si se aprueban, tipificarán como delitos la violencia contra el cónyuge y el acoso sexual en lugares públicos.

No obstante, Amnistía Internacional cree que las nuevas medidas no van tan lejos como deberían y son sintomáticas de una visión fragmentada de la violencia sexual y de género.

“Aunque las autoridades argelinas han dado algunos pasos positivos este año, su manera de enfocar el asunto de la violencia sexual y de género es, en el mejor de los casos, selectiva, cuando no simbólica”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“El derecho argelino vigente no protege adecuadamente a las mujeres y niñas que han sobrevivido a la violencia sexual; la definición de violación no se ajusta a las normas internacionales y la violación conyugal no se considera delito. Sigue existiendo un vacío legal que permite al violador eludir el procesamiento casándose con su víctima si ésta es menor de edad. Urge una reforma exhaustiva de la legislación.”

La violencia sexual ha empañado la historia reciente de Argelia: cientos de mujeres, si no miles, sufrieron abusos durante el conflicto de la década de 1990 y en los ataques perpetrados contra mujeres en 2001 y de nuevo en 2010 en la localidad de Hasi Mesaud, rica en petróleo. En ambas ocasiones, mujeres que vivían solas sufrieron ataques nocturnos a manos de grupos de hombres sin identificar. A unas las violaron; a otras las apuñalaron o les robaron. Por la información de que dispone Amnistía Internacional, la inmensa mayoría de los agresores nunca fueron obligados a rendir cuentas.

“La reacción de las autoridades ante estos graves brotes de violencia sexual y de género ha sido tardía e insuficiente, ya que posteriormente no se han adoptado medidas concretas que garanticen justicia, reparación y rehabilitación a las sobrevivientes o que eviten la reaparición de la violencia sexual”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

“Las autoridades argelinas deben garantizar que no se repiten tales errores acometiendo reformas exhaustivas y reformando la legislación discriminatoria para proteger realmente a las mujeres y niñas frente a la violencia sexual y de género.”

Deben adoptarse medidas para garantizar que quienes cometen actos de violencia sexual son obligados a rendir cuentas, y para reforzar el acceso de las sobrevivientes a la justicia y a servicios de salud y apoyo.