En Pakistán viven entre dos y tres millones de refugiados afganos. Algunos llegaron hace unos meses y se alojan en refugios improvisados, pero otros están instalados desde hace décadas. La mayoría huyó de la guerra y otros simplemente de la falta de trabajo.

Ahora se enfrentan a una situación difícil, la de quedar atrapados en la red que pretende expulsar a los residentes “ilegales” de este país del sur de Asia de 188 millones de habitantes.

Según los datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 1,6 millones de afganos residen legalmente en Pakistán y son titulares de la prueba del registro (POR, en inglés) que otorga el organismo. Se cree que muchos más viven ilegalmente en el país, sobre todo en la franja norte y tribal que limita con Afganistán.

La mayoría llegó durante la invasión soviética a su país en 1979. La guerra llevó a los afganos a cruzar la frontera montañosa que se extiende unos 2.700 kilómetros entre ambos países.

Las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA) y Jiber Pajtunjwa (JP), que entonces se conocía como la provincia de la Frontera del Noroeste, ofrecían una buena integración a la sociedad local, ya que la lengua común, el pashto, reducía la brecha entre los afganos de etnia pashtún y la población pakistaní, mayoritariamente panyabí.

Pero lo que empezó como una cálida bienvenida se enfrió con el paso de las décadas, y ahora muchos atribuyen a los afganos gran parte de la delincuencia, el desempleo y los actos extremistas en la región.

El 16 de diciembre un atentado terrorista contra una escuela en Peshawar, la capital de JP, mató a 148 personas, de las cuales 132 eran niños, y echó más leña al encendido debate sobre la situación de los refugiados afganos, a quienes se acusa de engrosar las filas de los talibanes paquistaníes y otros grupos armados que operan con impunidad en las zonas tribales.

Tres días después de la masacre, el 19 de diciembre, el ministro jefe de JP, Pervez Khattak, convocó una reunión de emergencia del gabinete para exigir el retiro inmediato de todos los refugiados afganos, afirmando que el ataque contra la escuela fue planeado en Afganistán.

Ese reclamo es cada vez más fuerte en el norte de Pakistán, donde el terrorismo se cobró más de 50.000 muertes desde 2001, cuando la ocupación estadounidense de Afganistán causó una segunda oleada de inmigración a este país.

Un debate nacional llevó a la decisión de que los residentes afganos legales podrán permanecer en Pakistán hasta fines de 2015, cuando serán repatriados de forma segura.

En una entrevista con IPS el 22 de diciembre, el ministro federal de Estados y Regiones Fronterizas, Abdul Qadir Baloch, afirmó categóricamente que los refugiados legales permanecerán hasta fines de 2015, según el acuerdo del gobierno con el Acnur.

“Nunca se encontró que los refugiados afganos registrados estuvieran involucrados en incidentes relacionados con el terrorismo en el país y no serán repatriados en contra de su voluntad”, subrayó Baloch.

Sin embargo, cansadas de esperar, las autoridades locales tomaron la ley en sus propias manos y comenzaron una importante ofensiva contra los refugiados afganos.

“Alrededor del 80 por ciento de los crímenes en JP son cometidos por los afganos”, afirmó el ministro de Información de JP, Mushtaq Ghani.

“Están involucrados en asesinatos y secuestros extorsivos, pero desaparecen después de cometer estos crímenes y no podemos rastrearlos”, aseguró a IPS.

“Por eso exigimos que quienes tengan POR sean internados en campamentos, y quienes no los tengan que sean enviados a casa”, agregó el funcionario, cuya provincia alberga a aproximadamente un millón de afganos.

El agente policial Khalid Khan informa que todos los días se detienen aproximadamente 100 personas. “Se busca en todas las casas”, explicó a IPS, y agregó que incluso se investiga a las “localidades adineradas” en búsqueda de posibles residentes ilegales.

Pero a los afganos no solo se les atribuyen el terrorismo y la delincuencia. También se asegura que las empresas ilegales establecidas por los refugiados acabaron con los negocios locales.

Según Ghulam Nabi, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de JP, los afganos son propietarios de 10.000 de las 20.000 tiendas en Peshawar. Pero como no son residentes registrados, no están sujetos a los mismos impuestos que los tenderos paquistaníes.

Nabi y su organización “instaron” al gobierno que envíe a los afganos de vuelta para que los lugareños puedan seguir trabajando. También sostiene que la demanda de vivienda de los refugiados infló los alquileres a precios inasequibles.

Además de los afganos, JP también aloja a miles de paquistaníes desplazados de otras provincias. Los más recientes llegaron tras la ofensiva militar contra las fuerzas insurgentes en el distrito de Waziristán del Norte.

Abdullah Khan, profesor de la Universidad de Peshawar, dijo a IPS que dos millones de paquistaníes desplazados viven actualmente en JP, muchos de ellos en “ciudades de tiendas” improvisadas en el distrito de Bannu.

Khan sostiene que el gradual retorno de Afganistán a la democracia allanó el camino a la repatriación  de los refugiados. El académico no ve motivo para que Pakistán siga acogiendo a una población extranjera tan grande.

Esa opinión es compartida por Imran Khan, el líder del Movimiento por la Justicia Pakistán, el partido en el poder en JP.

“El gobierno emite 500 visas paquistaníes a los afganos en la frontera de Torkham”, un paso importante que conecta la provincia afgana de Nangarhar con las FATA, “por día, pero se estima que entre 15.000 y 20.000 personas cruzan la frontera a diario”, dijo el 18 de diciembre.

“El movimiento ilegal sucede porque no tenemos un sistema de seguimiento de estas personas y sus actividades aquí”, agregó.

En el intento de rectificar las deficiencias del sistema, la policía de JP comenzó a bloquear los teléfonos celulares pertenecientes a los afganos y a regular los movimientos de los refugiados que violen las condiciones de sus visas.

Los residentes afganos afirman que las acusaciones son infundadas, y quienes viven en Pakistán desde hace décadas lo consideran su hogar. Otros temen el retorno a Afganistán.

Gul Jamal, un anciano afgano, dijo a IPS que aunque su familia quiere volver, la situación en su país es “muy precaria”.

“No hay centros educativos ni sanitarios, ni electricidad”, afirmó, y agregó que las oportunidades de trabajo también son escasas en Afganistán.

Espera que el gobierno de Pakistán se “apiade” de sus compatriotas. “La repatriación forzada nos expondrá a muchos problemas”, explicó.

Pero el ministro Baloch aseguró que “el gobierno protegerá a los afganos legales contra la repatriación forzada”.