Un comité médico ha desaconsejado este jueves la segunda tanda de 50 latigazos al bloguero saudí Raif Badawi, prevista para mañana viernes. Pero, mientras las autoridades deciden si suspenden o no el castigo, los 50 primeros latigazos –le quedan 950-- siguen resonando como 50 gritos contra la incoherencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí se sienta el Gobierno de Riad, que ha hecho de la represión de toda disidencia una práctica sistemática.

La flagelación, recalca Amnistía Internacional (AI), está prohibida por el Derecho Internacional junto a otras formas de castigo corporal. Y la de Badawi es todo un símbolo del desprecio del régimen saudí por los derechos humanos.Empezando por los de las mujeres, relegadas a una ciudadanía 'de segunda' que les veta hasta la conducción de vehículos. Y acabando por los de la comunidad chií, sometida a un acoso continuo que se traduce en detenciones, cárcel e incluso ejecuciones en un país con un alarmante historial en cuanto a condenas a muerte: más de 2.000 ejecuciones entre 1985 y 2013, casi una diaria en agosto de 2014. 

Raif Badawi no solo ha sido condenado a 1.000 latigazos: también deberá cumplir 10 años de cárcel y pagar 230.000 euros de multa. "¿Es un asesino, un delincuente?", se preguntaba la multitud que se arremolinó el 9 de enero frente a la mezquita al-Jafali, en la ciudad de Yidda, donde tuvo lugar el castigo público. No, su 'delito' fue crear una web de debate social y político para dar cabida al pensamiento laico y liberal y plantear la necesidad de separar religión y Estado. Un insulto al Islam, según la acusación. Puro y simple ejercicio de la libertad de expresión, aclara Amnistía Internacional, que lo considera por ello un preso de conciencia.

La segunda tanda de 50 latigazos ya se suspendió el viernes 16 de enero por consejo médico: las heridas de la primera no estaban suficientemente curadas, y Badawi no podría soportar el nuevo castigo. Tras el dictamen médico de hoy, el director adjunto del Programa de AI para Oriente Próximo y el Norte de África, Said Boumedouha, ha recalcado: "En vez de prolongar su sufrimiento con sucesivas valoraciones, las autoridades deberían anunciar públicamente el fin de su flagelación y ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones".

El de Raif Badawi es un caso simbólico de la persecución implacable a las organizaciones independientes de derechos humanos, clausuradas por el régimen mientras sus fundadores y activistas más destacados son acallados a golpe de detenciones, malos tratos, juicios sin garantías y penas de prisión. Lo documenta un reciente informe de Amnistía Internacional sobre la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) titulado "Cómo el reino silencia a sus activistas de derechos humanos".

Son 11 ejemplos de miembros de ACPRA procesados o encarcelados. Un amplio abanico social e intergeneracional (entre 22 y 78 años) unido por la determinación de defender los derechos humanos. Lo resumía bien Mohammed al-Bajadi al relatar su participación en 2011 en una protesta para pedir la libertad de varios detenidos durante años sin cargos ni juicio: "Un oficial de seguridad me preguntó si tenía familiares encarcelados, y yo le dije que sí, porque 'todos los presos son mi familia'. Él replicó: '¿Quiere reunirse con ellos en prisión?'. Y yo contesté: 'No. Queremos que los liberen'."

Lo contó en las redes sociales... Y fue detenido –otra vez, ya tenía experiencia– al día siguiente.

El escenario represivo se ha acentuado con la entrada en vigor hace un año de la Ley sobre Delitos de Terrorismo y su Financiación. En palabras de Boumedouha, confirma los "peores temores" de Amnistía, "que las autoridades saudíes están buscando una coartada legal para afianzar su capacidad de reprimir la disidencia pacífica y silenciar a los defensores de los derechos humanos”.

Lo más inquietante es que esa represión sistemática se produce mientras Arabia Saudí aprovecha su riqueza petrolífera y su alianza con Estados Unidos en la "guerra contra el terror" para hacerse un hueco en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero las apariencias engañan. Y Riad, por ejemplo, mantiene sus reservas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Nada extraño en un país donde las mujeres han tenido que esperar a este 2015 para poder votar en unas elecciones locales. Y donde, según el sistema de tutela vigente, necesitan permiso de un tutor varón para casarse, cursar estudios superiores, tener trabajo remunerado, someterse a cierto tipo de cirugía, viajar, e incluso conducir.

Las mujeres saudíes llevan desafiando la prohibición de conducir desde 1990, y sobre todo desde 2011 con el respaldo de la campaña online "Mujeres al Volante". A costa, eso sí, de multas y de detenciones como las sufridas hace un par de meses por  Loujain al-Hathloul y Mayssa al-Amoudi, protagonistas de una ciberacción de AI Españatodavía en marcha. Pero nadie va a pararlas, porque, como contaba a Amnistía una participante en la campaña, conducir “es un derecho de lo más simple y básico, relacionado con nuestra libertad de circulación, que nos empoderará y hará sentir que controlamos nuestra vida”.