La respuesta de las autoridades húngaras para evitar la llegada de cientos de personas refugiadas que huyen de aterradoras zonas de conflicto ha llegado en forma de alambre de cuchillas, tropas y leyes que violan los derechos humanos. La policía húngara ha utilizado cañones de agua y gas lacrimógeno sobre personas refugiadas y solicitantes de asilo que exigen que las puertas se abran. Más de una docena de personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad.

El 15 de septiembre entraron en vigor medidas legislativas que restringen severamente el acceso al país y al procedimiento de asilo. Éstas medidas introducen un procedimiento acelerado de asilo en las llamadas "zonas de tránsito", donde se procesan en pocas horas las solicitudes de protección internacional, solicitudes que Amnistía Internacional ha podido comprobar cómo son denegadas en su mayoría. Además, aquellas personas que traten de entrar “ilegalmente” en el país, por ejemplo saltando las vallas instaladas por las autoridades húngaras, se arriesgan a penas de prisión que pueden alcanzar los tres años o a ser deportadas a un tercer país, como Serbia, donde el sistema de asilo es claramente deficiente y no garantiza el acceso a protección internacional.

Estas medidas son una violación directa de las obligaciones internacionales de Hungría, incluidas aquellas que debe cumplir como Estado Parte de la Convención de Ginebra de 1951 sobre Refugiados y del principio de solidaridad consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que requiere un reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros en la aplicación de sus políticas de asilo.

Las vallas y las leyes draconianas no son la solución. Estamos hablando de personas que tratan de alcanzar la seguridad. La única solución es que Hungría y la UE comiencen a cumplir sus obligaciones internacionales, muestren solidaridad y garanticen que los solicitantes de asilo tienen un acceso ordenado al territorio y a procedimientos de solicitud de asilo.