Hace ya 15 años, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas acordaron establecer una agenda de desarrollo, la cual consistía en 8 objetivos básicos a cumplir por los Estados, especialmente en los países con mayores desigualdades y atrasos en sus políticas sociales. Entre estos Guatemala, con elevadísimos niveles de desnutrición crónica infantil, falta de acceso a la educación, mortalidad materna, mortalidad infantil por enfermedades prevenibles, acceso al agua y otros servicios básicos, además de problemas asociados. 

Guatemala no cumplió. Durante estos 15 años el Estado de Guatemala, en manos de una clase política claramente deficiente en la implementación de políticas públicas y con una notable incapacidad de ejecución de los fondos asignados a proyectos de inversión social —cuando los han asignado— contribuyó de manera significativa en la profundización acelerada del subdesarrollo, la pobreza y la falta de recursos en las áreas más vulnerables con el consiguiente efecto en la calidad de vida de la población de menores ingresos. Así también se ensanchó la distancia entre ricos extremadamente acaudalados y pobres de miseria absoluta. 

Los efectos de la corrupción en todos los estamentos de la administración pública, actuando en estrecha sociedad con quienes obtienen los mayores privilegios en el sector privado, ha marcado el tono político desde tiempos de la Colonia. Esta falta de visión de nación ha representado un retroceso sostenido para aquellos grupos humanos menos favorecidos, conformados en su mayoría por la población indígena marginada, sectores campesino, femenino, infantil y juvenil, cuyas voces difícilmente resuenan en los espacios de decisión. 

Hoy la ONU le plantea al Estado un nuevo reto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuya ruta pasará —de acuerdo con las palabras de Amina J. Mohammed, Asesora Especial del Secretario General sobre la planificación del desarrollo después de 2015— por “la posibilidad de acabar con la pobreza para 2030, transformar vidas y encontrar nuevas formas de proteger al planeta al mismo tiempo”. 

En esta nueva oportunidad para subirse al tren del desarrollo, Guatemala cuenta con una ciudadanía más activa, capaz de involucrarse de manera decidida en la toma de decisiones de sus autoridades. Esto debería traducirse en un giro drástico de la gestión gubernamental, así como una revisión inmediata y exhaustiva del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, sincronizando los objetivos con este nuevo reto, el cual viene a sentar las bases de una oportunidad dorada para corregir políticas en función del interés colectivo. 

La población merece recuperar la voz y sumarse a las acciones tendentes a elevar sus indicadores de desarrollo social. La riqueza del país permite soñar en grande sobre el futuro de una niñez y juventud que hoy se debaten entre la miseria, la violencia criminal, los embarazos precoces, la falta de educación y las privaciones de todo tipo. Es hora de ofrecer a las nuevas generaciones una vida con dignidad, con perspectivas de crecimiento en un ambiente seguro y bajo el amparo de un Estado correctamente administrado.