Venezuela es el país del mundo con mayores reservas de petróleo, pero el empobrecimiento de sus habitantes les ha abocado a comprar cucharadas de comida para intentar burlar una escasez de alimentos que se ha agravado en los últimas semanas, cuando la economía entró en una espiral hiperinflacionaria.

Productos de consumo diario como el café, la harina, la leche y el azúcar son ofrecidos ahora en bolsitas que pesan entre 50 y 150 gramos, cuyos precios suben cada día en los puestos ambulantes de los barrios populares al margen de las regulaciones impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

En la populosa Petare, ubicada en la barriada caraqueña del mismo nombre, varios buhoneros venden cuatro cucharadas de azúcar por 4.000 bolívares, (poco más de 1 dólar según la tasa oficial de cambio más alta).

Con este precio, un venezolano que como la mayoría de los trabajadores y todos los pensionistas del país perciba al mes el salario mínimo (53 dólares) gana por día el equivalente a 6 cucharadas de azúcar.

Los revendedores, conocidos en el país sudamericano como bachaqueros, ofrecen otros productos como el café en bolsitas de menos de 50 gramos a dos, tres, cuatro o cinco bolívares,dependiendo de su peso.

Esta forma de comercio se viene registrando en el interior del país desde hace meses y se ha extendido en mercados del este y oeste de la capital venezolana en las últimas semanas, al mismo tiempo que el Parlamento, de mayoría opositora, informaba de una inflación anual acumulada hasta octubre de 825 %.

Otros productos como el champú y el jabón de tocador también han engrosado la oferta del mercado liliputiense venezolano, que arrancó con ítems del consumo directo y ahora incluye algunos de higiene personal.

El champú, el jabón y el aceite vegetal, por ser líquidos, son entregados al comprador en pequeñísimos envases de menos de 250 mililitros y en ocasiones con tapas o sellos improvisados.

En medios locales han circulado varias denuncias de supuestos fraudes con estos productos, por parte de oportunistas que ofrecían aceite de cocina ya usado o cal en lugar de harina de trigo.

Las autoridades no han hecho pública ninguna detención por casos como estos, que han sido expuestos en estados como Zulia y Trujillo, ubicados en el oeste.

La llamada revolución bolivariana ha establecido un control de precios sobre productos de consumo diario como el café, la harina, la leche y el azúcar, generalmente escasos en los supermercados, donde la ley que limita el margen de beneficios se aplica vigorosamente.

Para acceder a estos alimentos los venezolanos pasan a diario horas en colas frente a los establecimientos que expenden de forma racionada la harina, el azúcar, la leche o el café y otra decena de productos regulados que cada vez llegan con menos frecuencia a estos lugares.

Al calor de este desabastecimiento, el mercado de los "bachaqueros" no para de crecer en toda la geografía nacional, e introduce ahora esta mutación minimalista del comercio para seguir siendo accesible a los bolsillos de los venezolanos, cada día más pobres.

Con todo, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano señalado de fraudulento por buena parte de la comunidad internacional, prepara una ley de "precios acordados" que buscará armonizar la relación entre el Gobierno y los comerciantes "mediante el diálogo y la corresponsabilidad".

La parte del texto que ya fue discutida por el pleno chavista indica que se buscará también "garantizar" la disponibilidad de productos y servicios "priorizados", algo que ya ha intentado sin éxito el oficialismo durante el quinquenio que ha gobernado Maduro.

Aunque el Gobierno habla de incentivar la producción nacional, este año ha disminuido la inversión en este sentido igual que las importaciones en medio de la acupuntura en la asignación de divisas que ha aplicado el chavismo, que tiene el monopolio en el flujo de las monedas extranjeras desde 2003.

Mientras tanto, crece el número de venezolanos que ve en los alimentos de bolsillo la última opción de comprar comida. Este es el punto fronterizo hacia la indigencia o mendicidad, otras listas que tampoco detienen su crecimiento en medio de la crisis.

La huelga nacional que por casi dos semanas paralizó virtualmente Ecuador ha dejado millonarias pérdidas y una amenaza a la sostenibilidad de la economía dolarizada que rige desde el año 2000.

A ello se suma un elevado endeudamiento público de más de 64.000 millones de dólares en un país que tiene un Producto Interno Bruto de 108.000 millones de dólares, y un déficit fiscal anual de 10.000 millones de dólares.

Con la eliminación de los subsidios estatales al precio de los combustibles, el gobierno esperaba ahorrar 1.300 millones de dólares anuales, pero las protestas y desmanes que ocasionaron pérdidas por 2.300 millones de dólares -de acuerdo con cálculos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el mayor polo económico del país- obligaron al mandatario Lenín Moreno a dar marcha atrás con la medida.

El analista del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, dijo a The Associated Press que “las finanzas públicas están en una suerte de estrangulamiento. Si no hay cómo subir impuestos ni se puede eliminar subsidios, lo que queda es reducir drásticamente el gasto público, la masa salarial, el gasto operativo, la inversión y hacerlo de esa forma tampoco es viable”.

Añadió que la dolarización está amenazada a mediano y largo plazo porque Ecuador no va a poder reducir el déficit fiscal. El próximo año necesitará 10.000 millones de dólares para pagar amortizaciones de deuda y el país no podrá seguir colocando bonos ni contrayendo más deuda. “Si no se pueden subir impuestos ni reducir subsidios, entonces tendrá que enfrentar atrasos en pagos”, declaró.

El 1 de octubre el gobierno de Moreno decretó la eliminación del subsidio al combustible, lo que llevó el precio de la gasolina de 1,85 a 2,39 dólares el galón y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares, provocando violentas manifestaciones en las que murieron el menos siete personas, 1.340 resultaron heridas y 1.152 arrestadas, según la oficina del Defensor del Pueblo.

Tras 12 días de protestas el gobierno se vio obligado a derogar la decisión y retornar los precios a los niveles anteriores, aunque insiste en la necesidad de focalizar el subsidio para que llegue a los más pobres.

La presión de los grupos indígenas

El movimiento indígena de Ecuador quiere que el Gobierno se aleje del Fondo Monetario Internacional y busque recursos propios para salir de la crisis fiscal, dijo el líder de los grupos, Jaime Vargas.

Vargas integró además una comisión técnica con los indígenas para elaborar un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles con criterios de “racionalización, focalización y sectorialización” de los ingresos.

“Esta comisión debería comenzar a construir un proyecto importante para el país, sabemos que está viviendo una crisis demasiado complicada y tenemos que trabajar para poder buscar alternativas de financiamiento”, explicó Vargas en una entrevista con Reuters.

El Fondo Monetario “tiene que retirarse del Ecuador, tiene que dejar al pueblo ecuatoriano libre y el Ecuador tiene que tomar sus decisiones. No podemos tomar decisiones escuchando sus intereses”, agregó el líder del pueblo Achuar de 40 años.

Ecuador alcanzó un acuerdo por 4.200 millones de dólares en febrero con el FMI con un programa económico de tres años, que incluye reformas estructurales para reducir un abultado déficit fiscal y una creciente deuda externa.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional saludó el martes la decisión del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de cancelar un paquete de austeridad luego de una semana de protestas en el país.

Gita Gopinath, directora del Departamento de Estudios del FMI, dijo que la agencia recibe con agrado el intento “de unir a todas las partes concernientes y tomar decisiones sobre macro reformas teniendo en cuenta a las varias comunidades que serán afectadas por las mismas”.

A la pregunta de si la imagen del Fondo ha sufrido tras el resultado en Ecuador y también en Argentina, donde el izquierdista Alberto Fernández es favorito para ser elegido este mes, impulsado por sus objeciones a un préstamo de 57.000 millones que el presidente Mauricio Macri obtuvo del FMI el año pasado, Gopinath dijo que el organismo opera bajo circunstancias difíciles.

“El FMI acude a esos países cuando están en tiempos de tensiones”, dijo. “Es desafortunado que esas son las dificultades que la gente tiene que enfrentar”.

En sus Perspectivas de la Economía Mundial dadas a conocer el martes, el organismo internacional pronostica que la economía ecuatoriana se contraerá 0,5% este año tras crecer 1,4% en el 2018. La proyección, hecha antes de las protestas, era que la economía crecería 0,5% en el 2020.

Ecuador se suma a Argentina, Barbados, Nicaragua y Venezuela como los únicos países en el continente con proyecciones de crecimiento negativo en el 2019.

Políticos refugiados en embajada mexicana

En un desarrollo relacionado, la embajada de México en Quito informó que ha dado protección a otros tres políticos opositores ecuatorianos que aún no tienen procesos ni acusaciones, después de que grupos de encapuchados atacaran e incendiaran la Contraloría General de la nación, entidad que investiga la corrupción durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa.

En un breve comunicado, la cancillería mexicana dijo que recibió en sus instalaciones “para brindarles protección y resguardo, a las siguientes personas: Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, asambleísta nacional; Carlos Viteri, asambleísta nacional, así como a sus cónyuges”.

El 12 de octubre se notificó el ingreso a la embajada de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aduciendo que las fuerzas del orden le estaban haciendo un seguimiento extrajudicial.

Añadió que “nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política” y que reafirma su postura de no intervención y su deseo de una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador”.

También es buscado por la policía el exasambleísta Virgilio Hernández, que junto a quienes se refugiaron en la embajada mexicana son muy cercanos a Correa.

El ex vicepresidente Jorge Glas, varios ministros y otros altos funcionarios están detenidos o procesados por acusaciones de millonarios actos de corrupción con fondos públicos y el ataque a la Contraloría.

Según el diario ecuatoriano, primicias.ec, Buendía, Viteri y Molina son parte de la bancada legislativa Revolución Ciudadana, que se separó de Alianza PAIS y que agrupa a los seguidores del expresidente Rafael Correa. Buendía fue ministra coordinadora de la Política del gobierno de Correa, y es diputada desde 2013 por Alianza PAIS.

Su esposo, Edwin Jarrín, fue secretario de Transparencia de Correa, y vicepresidente del Consejo de Participación cesado. Viteri Gualinga es alegislador desde 2013 y antes fue director del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico.

Su esposa, Tania Pauker, también fue miembro del Consejo de Participación cesado. Luis Fernando Molina fue abogado en un caso relacionado con Pichincha Universal, la radio de la Prefectura de Pichincha. Mientras que Leónidas Moreno, es asesor ejecutivo de ese gobierno seccional.

Tres años y medio después del histórico acuerdo de paz firmado con las FARC, el país sigue marcado por numerosos asesinatos, tanto de ex guerrilleros como de miembros de la sociedad civil. Esta es una tendencia preocupante que muestra lo difícil que es para el país reducir la violencia.

Desde hace varios meses, Colombia está experimentando un preocupante aumento de la violencia. Se ha asesinado a ex paramilitares y a representantes de la sociedad civil. Según las Naciones Unidas, no menos de diez representantes de la sociedad civil colombiana han sido asesinados desde principios de año. El año pasado fueron asesinados 107 defensores de los derechos humanos.

Los ex miembros de la guerrilla de las FARC están particularmente expuestos a esta renovada violencia. Según la misión de la ONU en Colombia, en 2019 se produjeron 77 asesinatos de excombatientes de la antigua guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), frente a los 65 de 2018 y los 31 de 2017, lo que hace que sea "el año más mortífero" para los ex guerrilleros.

A pesar de las promesas de paz, la hecatombe continúa. Según el Instituto Colombiano de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), no menos de 623 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre noviembre de 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz, y julio de 2019.

El narcotráfico sigue siendo poderoso

Según las autoridades colombianas, la mayor parte de la violencia es perpetrada por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, que todavía tienen importantes ramificaciones en el país, y por bandas criminales, algunas de las cuales están vinculadas a otros movimientos guerrilleros que no han dejado las armas. Este es particularmente el caso del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se niega a entrar en una tregua con las autoridades. Sus miembros siguen atacando regularmente a las fuerzas armadas colombianas, como el 10 de enero de este año cuando una base aérea fue atacada no muy lejos de la frontera con Venezuela.

El llamado de la iglesia local a la paz

Frente a esta violencia endémica, la Iglesia colombiana no oculta sus preocupaciones. Como uno de los principales actores del acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, la Iglesia hace un llamado a la "paz total" en Colombia, especialmente con el ELN. Los prelados colombianos invitan regularmente a las personas a hacer "gestos concretos" de paz que respeten a cada persona en su dignidad.

Aunque el histórico acuerdo de paz con el antiguo grupo guerrillero de las FARC, firmado en noviembre de 2016, sigue vigente, su aplicación sigue siendo difícil y otros movimientos armados están debilitando aún más al país. La aplicación de los acuerdos es frágil en un país en el que algunas regiones no tienen litoral.

El Gobierno decretó el Estado de Excepción en todo el país. La paralización que corre desde ayer por parte de los transportistas y otros grupos sociales, quienes protestan por las medidas económicas anunciadas la noche del último martes, obligó a que el presidente de la República, Lenín Moreno, adopte la decisión, la  misma que busca “precautelar la seguridad de los ciudadanos”. 

Durante una sesión de gabinete ampliado, que mantuvo en el Palacio de Carondelet, el Mandatario dijo que no dará marcha atrás en su decisión de liberar el subsidio del combustible, que originó el alza de las gasolinas extra y ecopaís, y diésel.

“No existe posibilidad de cambiar aquellas (medidas) relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando daño al país y distorsionando la economía”, dijo Moreno.
 

Por la normalidad
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que el Estado de Excepción busca restablecer la movilidad en las vías de todo el país. Advirtió que, entre las facultades de la fuerza pública, con esta decisión, está retener los buses, vehículos o camiones que ocasionen bloqueos en las carreteras.

“El Estado de Excepción es para coordinar el empleo coordinado de la fuerza entre Policía y Fuerzas Armadas en los casos que sea necesario”, dijo. 

Agregó que esta medida se extenderá durante 60 días que podrían extenderse al finalizar ese plazo.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló que, en este Estado de Excepción, amparado en el artículo 164 de la Constitución, se busca resguardar áreas de vital importancia para el desarrollo económico de la nación como aeropuertos y zonas de distribución de combustibles.

1. Decretar el Estado de Excepción en todo el país.

2. Disponer movilización nacional de entidades públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para controlar el orden público. 

3. Suspender el derecho a la libertad de asociación y reunión, observando principios de proporcionalidad. Consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día.

4. Limitar el derecho a la libertad de tránsito. Se exceptúan el transporte estatal y de los sectores: salud, riesgos, emergencias, seguridad y transporte policial y militar. 

5. Disponer los retiros o decomisos a los que haya lugar en caso de extrema necesidad y en apego a la Ley. 

6. Establecer todo el país como zona de seguridad. 

7. El Ministerio de Finanzas podrá destinar todos los fondos necesarios para sustentar la Excepción, menos los dirigidos a salud y educación. 

8. El Estado de Excepción regirá durante 60 días.