Deambular por las calles de Samut Sakhon, al sureste de Bangkok, y ver la imagen de personas vistiendo el tradicional sarong, que lleva por nombre longyi o tamein, mientras se comunican en idioma birmano haría sentir a un extranjero como si estuviera en Rangún, la ciudad más grande de Myanmar, en lugar de estar en una ciudad tailandesa.

Para muchos migrantes birmanos que residen en Tailandia, el día domingo es el único día libre de la semana – momento para relajarse y tener un breve descanso del trabajo duro; no obstante, para los miles de otros jornaleros ese día de reposo no existe.

Aquellos que migran hacia esa región se sienten motivados por la esperanza de devengar mejores sueldos. Samut Sakhon es considerada a distancia como un refugio pues se sabe que la remuneración aquí es más alta que en Bangkok; aunque la industria pesquera ubicada en la provincia conserva su mala reputación por sus sueldos bajos y las condiciones de explotación.

Conocida localmente como Mahachai, pero referida ampliamente entre los extranjeros como “la pequeña Birmania” (Myanmar era conocido anteriormente como Birmania), esta ciudad portuaria hospeda entre 300 000 y 400 000 migrantes birmanos que trabajan en alguna de las seis mil fábricas y pescaderías.

Ma Thein Win es originaria de la División de Tenasserim, Myanmar, y ha vivido en Tailandia por cinco años. Anteriormente había trabajado en Bangkok, pero en abril se mudó a Samut Sakhon con la esperanza de aumentar su ingreso siendo una obrera de construcción.

Con 45 años de edad y siendo madre de cuatro, ella anhela regresar a su pueblo natal en el Distrito Dawei.

“Pero si no tenemos dinero ni hogar, ¿cómo podríamos regresar y sobrevivir?”, Thein Win preguntó en voz baja mientras acomodaba una pila de maderos junto a la zona de construcción, donde los hombres trabajaban en lo alto de los edificios incompletos.

Si existiera un empleo remunerado en el que pudieran desempeñarse en su tierra natal, muchos en la comunidad migrante en Tailandia dijeron a The Irrawaddy que regresarían a Myanmar, en lugar de buscar trabajo en un país extranjero para poder subsistir.

Conservamos nuestra paciencia’

En 2012, la entonces líder de la oposición de Myanmar, Aung San Suu Kyi, visitó Tailandia – y Mahachai – por vez primera. Realizó una segunda visita en junio de este año, pero en esta oportunidad en calidad de consejera de Estado, después de que su partido obtuviera una arrolladora victoria en las elecciones de noviembre de 2015. En el transcurso de este último viaje Suu Kyi se reunió con un pequeño grupo de migrantes de Mahachai, luego que las autoridades tailandesas bloquearan el acceso al líder de facto de Myanmar de los grupos de derechos laborales y a una gran multitud de ciudadanos birmanos.

Thein Win fue una de tantos migrantes que no pudieron presenciar las pláticas de Suu Kyi con los trabajadores birmanos en Tailandia. Recordar la visita de la dama hizo que derramara unas lágrimas, las cuales atribuyó a tener “sentimientos encontrados”. Suue Kyi, Thein Win todavía esperaba, trabajaría para “llevar bienestar” a sus vidas.

Los trabajadores birmanos de Talaat Kung o el mercado camaronero, también estuvieron emotivos al discutir sobre la visita de la consejera de Estado y sus esperanzas de mejores oportunidades laborales, las cuales Suu Kyi reconoció durante su visita en este país. Sus salarios son frecuentemente inconsistentes, oscilan entre 200 ($5.72 USD) a 300 Baht tailandeses ($8.58 USD); este último es el sueldo diario mínimo oficial en Tailandia, no obstante, a menudo este no lo ofrecen a los trabajadores migrantes extranjeros.

Mientras seleccionaba camarones en una mesa, Aye Myat indicó a The Irrawaddy que devenga el sueldo diario mínimo de Tailandia por ochos horas de trabajo; no obstante, el horario laboral varía dependiendo de la disponibilidad del camarón u otros mariscos. Myat, asegurando tener 18 años, aunque aparenta ser más joven, llegó al país hace cuatro años proveniente de Moulmen, estado de Mon, y vive con su hermana – indicó que sus padres son los únicos que permanecen en su hogar ubicado en el sureste de Myanmar.

Asegurar fuentes que hablaran abiertamente sobre las condiciones laborales en Mahachai fue particularmente desafiante; muchos de estos individuos que laboran en la industria marisquera no se atrevieron a emitir quejas ante la prensa.

Los patrones tailandeses son renuentes a atraer cobertura mediática enfocada hacia los puertos de la región, los mercados o las zonas de construcción. Los trabajadores manifestaron a The Irrawaddy que si descubrían que habían contribuido a la historia sobre la pequeña Birmania, temían ser despedidos después.

“Mientras trabajemos en otro país, debemos conservar nuestra paciencia, tal como lo dijo Amay [madre] Suu”, Ye Min, un trabajador del Talaat Kung indicó a The Irrawaddy antes de ser interrumpido por su superior, quien concluyó la entrevista.

‘Son asediados’

Los trabajadores también compartieron historias acerca del miedo que tienen de que la policía tailandesa escudriñe sus documentos de identificación y documentación laboral, a fin de investigar si poseen el permiso para trabajar legalmente en el país.

“La policía solicita dinero para obtener un ingreso extra cuando sospechan de nuestros documentos [que estén incompletos]”, un hombre que labora en el mercado camaronero afirmó casi susurrando y con la condición de permanecer en el anonimato.

Se estima que la cifra de trabajadores migrantes en Tailandia está entre los tres y cuatro millones, sin embargo, menos de la mitad se encuentran oficialmente registrados. Se han estado implementando diferentes políticas para ayudar a los trabajadores provenientes de Myanmar a fin de que obtengan la documentación legal, particularmente, cuando sus documentos actuales expiran. Esto incluye realizar el registro para obtener una “tarjeta rosa” o permiso de trabajo, a la cual se puede optar después de que expira la visa de cuatro años.

“Aunque sean trabajadores migrantes documentados son frecuentemente asediados”, afirmó Sai Sai, un colaborador de Migrant Workers Rights Network, una organización que brinda asistencia a los migrantes de Myanmar en Tailandia.

Sai Sai explicó que las sospechas de las autoridades pueden surgir por la falta de destreza en el idioma tailandés, esto puede causar un arresto por sospecha de uso de drogas o por viajar entre las provincias de Tailandia – la “tarjeta rosa” no concede libertad de movimiento, solo autoriza a los trabajadores migrantes el derecho de permanecer en la parte del país donde registraron sus documentos.

Según un artículo del BangKok Post, la fecha límite para registrar el permiso de trabajo para los migrantes se ha extendido hasta el 29 de julio, después de esa fecha, las autoridades afirman que no habrá ninguna indulgencia. No obstante, se esperan medidas represivas más severas – en Samut Sakhon y en toda Tailandia – para aquellos que se les dificulte cumplir con los requisitos de registro.

Una ONG local opera una flota de autobuses convertidos en clínicas que ofrece servicios sanitarios básicos en zonas rurales remotas y barriadas urbanas

No es fácil ir al médico en Thindlu. El centro de salud más cercano se encuentra a casi 50 kilómetros de esta pequeña localidad del estado indio de Karnataka, y la mayoría de la población rural no puede permitirse ni el coste que tendría ese desplazamiento ni el tiempo que requeriría. Así que la mayoría resiste sin buscar atención médica hasta que el problema es demasiado grande como para darle la espalda. Para entonces, en muchas ocasiones, es demasiado tarde. “A menudo vemos cómo pequeñas dolencias que se podrían haber tratado de forma sencilla se convierten en graves problemas de salud y derivan en enfermedades crónicas”, explica la doctora Nirupama Navamani.

Ella trabaja en el Hospital Baptista de Bangalore, la capital del estado, pero pasa consulta en una furgoneta medicalizada que viaja a Thindlu cada semana. Forma parte del equipo médico del programa Smile on Wheels (sonrisa sobre ruedas), que este año cumple una década. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo, precisamente, acudir a las zonas de más difícil acceso a la sanidad. “Si la montaña no va a Mahoma…”, bromea Navamani mientras busca el historial de un paciente. Junto a ella, un par de enfermeros realizan pruebas de azúcar y toman la tensión de los pacientes que se acercan hasta el vehículo de Smile Foundation, una ONG local que opera una flota de 22 autobuses médicos en el país. El año pasado dieron servicio a más de 310.000 personas.

Desafortunadamente, muchos de esos casos no son diagnosticados hasta que se manifiestan las peores consecuencias de la enfermedad, sobre todo problemas en la visión como los que llevaron a Devi al autobús clínico. Por si fuese poco, el tratamiento también supone un reto. “La mayoría de los diabéticos van a tener que medicarse durante mucho tiempo, posiblemente toda su vida. Lograr que lo hagan es muy complicado. La mayoría responde bien a tratamientos cortos, pero luego se olvida. Además, nos vemos obligados a no prescribir insulina a aquellos que no superen un índice de 400, porque inyectarse algo no está aceptado en nuestra cultura, muchos se hacen un lío con la dosis, y la mayoría de los hogares no disponen de un frigorífico para guardarla”, analiza Navamani.

“En cualquier caso, nuestra función no es tanto curar como prevenir. Los casos graves los remitimos al hospital, donde, a pesar de ser un centro privado, pueden acceder a tratamiento gratuito gracias al acuerdo que hemos alcanzado con Smile, que sí paga nuestro trabajo aquí”, añade la doctora. Los cuatro minibuses del equipo de Karnataka llegan a 20 puntos diferentes del estado —dos al día— y el año pasado dieron asistencia a más de 30.000 personas. “Es cierto que somos solo un parche, pero un parche muy necesario”, sentencia Radhakrishna Pradeep, responsable de Smile on Wheels en Bangalore.

Las estadísticas le dan la razón: en India sólo hay 0,7 médicos por cada 1.000 habitantes. Una densidad que en España es cinco veces mayor. Y, como suele suceder con las estadísticas, incluso esa raquítica cifra esconde las grandes diferencias existentes entre el mundo urbano y el rural. Así se entiende que, a pesar de ser uno de los países en vías de desarrollo cuya economía más rápido crece, India todavía tenga una mortalidad infantil superior a los 41 niños por cada 1.000 nacimientos. 12,4 veces la tasa española.

“Además de los niños, las mujeres son las que más sufren. Por eso, entre nuestras labores está también detectar posibles abortos selectivos e incluso casos de infanticidio, así como lograr que ellas reciban la misma nutrición que ellos”, apunta Navamani. “Tradicionalmente, las mujeres comen después de los hombres, y siempre que haya quedado alimento. Lógicamente, esta discriminación se traslada a un peor estado de salud”. Y, por todo ello, en demasiadas ocasiones su consejo es tan sencillo como difícil de seguir: “Come más. Come mejor”.

A 2.000 kilómetros al norte, en la capital del país, Nueva Delhi, la situación no es mucho mejor. De hecho, en las barriadas más deprimidas algunas variables son peores incluso que las del África subsahariana. Porque, a pesar de que las ciudades acaparan un 25% de la población pobre del país, solo cuentan con un 4% de los centros públicos de salud primaria. Así, los autobuses de Smile son igualmente necesarios aunque operen a pocos kilómetros de un hospital. “La pobreza y el desconocimiento del sistema sanitario hacen que en algunas zonas urbanas los problemas sean mayores incluso que en las rurales”, asegura el doctor Rupesh Daravi, que ve a unos cien pacientes al día y se lleva las manos a la cabeza cada pocas horas. “Los niveles de desnutrición son mayores, y atendemos numerosos problemas respiratorios y cardíacos”.

Sus palabras cobran sentido en una de las colonias cercanas al aeropuerto, donde miles de personas sobreviven en chabolas a pocos metros de donde se construyen las torres que acogerán a las nuevas clases adineradas del país que protagoniza uno de los milagros económicos del siglo XXI. Mientras aviones con el lema Ahora todo el mundo puede volar sobrevuelan la zona en busca de la pista, el equipo médico del autobús de Smile on Wheels hace horas extra para atender a la larga cola de pacientes que se ha creado en este lugar polvoriento en el que cabras y cerdos se revuelcan en montañas de basura junto a niños desnudos. “No solemos ir al hospital porque es caro. Solo vemos al médico cuando viene aquí el autobús”, reconoce la madre de un niño que acude con fiebre.

A diferencia del vehículo que opera en Thindlu, el del doctor Daravi está equipado con un laboratorio mucho más avanzado, en el que se pueden hacer análisis de sangre y de orina, e incluso cuenta con una pequeña máquina de rayos X que el especialista reconoce “no está convenientemente aislada pero ayuda mucho con roturas y contusiones”. De esta forma, pueden hacer también un seguimiento de las dolencias de los pacientes, ya que el vehículo visita los mismos puntos varias veces a la semana. Cada uno de ellos tiene su propia ficha, de forma que los sanitarios pueden controlar su evolución y, más importante aún, hacer una radiografía de las necesidades de cada zona. Esa información luego se comparte con las autoridades locales.

“Lógicamente, antes de elegir los lugares a los que nos vamos a desplazar hay un trabajo de estudio sobre el terreno para determinar las necesidades de cada zona. Además, en ocasiones son las propias comunidades las que vienen a nosotros para demandar el servicio”, relata Sayani Bhatthacharya, directora de Comunicación de la Fundación Smile. Luego son grandes corporaciones indias e internacionales las que deciden patrocinar un autobús por un período de tiempo. “Llegamos a 227 poblados y 97 barriadas urbanas, pero no pretendemos sustituir al sistema público de salud, sino servir de complemento”, puntualiza Bhatthacharya.

Cada autobús cuenta con un médico, un técnico de laboratorio, un enfermero, un coordinador, y un movilizador de la comunidad. Ese último es el responsable de ir casa por casa para informar sobre la llegada del autobús, y también para poner en marcha los programas de educación en salud que complementan el trabajo de Smile. Muchos no son más que obras de teatro en las que se presentan de forma sencilla y amena algunos casos prácticos, como puede ser la necesidad de mantener cierto grado de higiene o de hervir el agua antes de beberla, pero otros son más técnicos y están destinados a atajar la expansión de males como la malaria, la anemia, o el sida.

“Nada es más cierto que el lema ‘más vale prevenir que curar’, así que nuestros programas de formación están dirigidos sobre todo a dos colectivos: las madres, porque cuidan de los bebés y son mucho más observadoras, y el personal sanitario rural, sobre todo las matronas, que muchas veces no cuentan con la formación apropiada”, añade Navamani. De hecho, en zonas remotas, enfermos y embarazadas suelen acudir primero a curanderos que apenas tienen conocimientos médicos y que suelen echar mano de superstición y de pócimas mágicas para empeorar la situación. “En general, el principal problema está en el retraso a la hora de buscar consejo médico cualificado”, subraya la doctora. “Y es muy frustrante ver cómo muchos casos graves, incluso algunos mortales, podrían haberse resuelto de forma muy sencilla si se hubiesen tratado a tiempo”.

Desafortunadamente, la gran emigración rural hacia las ciudades dificulta la mejora en las estadísticas de salud del país. “En dos décadas, el 10% de la población agrícola ha abandonado el campo para asentarse en las ciudades, cuyas infraestructuras sanitarias han mejorado únicamente para una élite”, critica Pradip Bastia, responsable del programa médico de Smile. “Es evidente que para el grueso de la población la situación no va a mejorar de hoy a mañana, independientemente de los esfuerzos que pueda hacer el gobierno del primer ministro Narendra Modi. Así que es importante tender puentes como el nuestro para que la gente sobreviva en condiciones medianamente dignas”.

De momento, basta un paseo por Thindlu o por las barriadas de Delhi para comprobar que el país está todavía muy lejos de alcanzar esa meta. Las largas colas de pacientes frente a los autobuses de Smile y la profusión de nombres en las listas de niños desnutridos, incluso a pocos metros de donde se gesta el milagro económico de India, demuestran que la equidad no tiene por qué ser una característica intrínseca del desarrollo. Por eso, los responsables del programa reconocen que entre sus objetivos está uno que tiene menos que ver con el ámbito médico y más con la salud democrática. “En los talleres educativos uno de los conocimientos que más fomentamos es el de los derechos recogidos por la legislación india”, explica Bhatthacharya. “Tenemos que lograr que la población se movilice para exigir un mayor nivel de bienestar”.

Rodrigo Duterte, candidato en las presidenciales del 9 de mayo en Filipinas, presume de haber eliminado a cientos de criminales en la ciudad de Davao (sur del país), lo que no impide que se presente como favorito en la cita a las urnas para decidir el próximo jefe de Estado.

"Para Rodrigo Duterte, los brutales 'escuadrones de la muerte' que se han cobrado las vidas de más de 1.000 personas mientras él ocupaba el puesto de alcalde de Davao (...) no son un problema. Son una plataforma política", dijo Human Rights Watch (HRW) en una de las muchas denuncias que ha hecho contra él durante los años.

El propio Duterte ha presumido en numerosas ocasiones de matar a criminales en su ciudad como un método "muy efectivo" para reducir la tasa de delincuencia, situada en una de las más altas del país cuando llegó a la alcaldía en 1988.

"Ahora somos la novena ciudad más segura del mundo. ¿Cómo creéis que lo he hecho? (...) Les maté a todos (los criminales)", dijo el candidato a la presidencia durante un reciente discurso público.

Según las filtraciones de Wikileaks de los documentos de la Embajada de Estados Unidos en Manila, Estados Unidos considera desde hace años que Duterte controla estos escuadrones.

"Claramente, Duterte está detrás del grupo llamado 'Escuadrones de la Muerte de Davao'", escribió en enero de 2005 el entonces embajador estadounidense en Manila, Francis Ricciardone.

Otro documento elaborado recientemente por el Centro Tambayan de Davao, una organización que protege los derechos de los niños, elevó el número de muertos por estas bandas a 1.424 presuntos criminales entre 1998 a 2015.

Este grupo, que recopila desde 1998 los datos sobre asesinatos que publican los distintos diarios de la región, subrayó que más de la mitad de las víctimas fueron varones, menores de 25 años, con pocos recursos y que residían en las zonas más empobrecidas de la ciudad.

"Muchas de las víctimas estaban involucradas en asuntos de drogas ilegales, ya fuera como traficantes o consumidores", señaló en una nota de prensa el padre Amado Picardal, de la Congregación del Santísimo Redentor, que colabora con el Centro Tabayan.

"Otros llevaban a cabo crímenes menores, como robo de teléfonos móviles, o formaban parte de bandas callejeras", añadió el clérigo, que subraya que son los más desfavorecidos los ejecutados y no los importantes traficantes de droga presentes en la ciudad.

Picardal explicó que los fallecidos no estaban armados y que "muchos estaban simplemente sentados en una esquina o a las puertas de alguna tienda, hablando con amigos, cuando de repente les dispararon a sangre fría".

Nadie ha sido juzgado por ninguna de estas muertes, mientras que Duterte habla abiertamente de sus planes para reducir los índices de criminalidad del país con la eliminación de otros 100.000 delincuentes si gana las elecciones.

"A los camellos, a los secuestradores, los ladrones, encontradlos y arrestadlos. Si se resisten, matadlos a todos", resumió en uno de sus mítines Duterte.

Según Tambayan y la Embajada de EEUU en Manila, importantes figuras políticas del país, de la Policía de Davao y de los propios residentes protegen a Duterte.

"Ha sido muy difícil denunciar estas matanzas extrajudiciales porque la mayoría de la gente de Davao las apoya", confirmó el padre Picardal.

Los millones de seguidores que tiene Duterte por todo el país también aceptan su "fórmula" para reducir los robos, el consumo de drogas y otros delitos en Filipinas.

"A mí lo único que me importa es que acabe con las drogas y con el crimen. Cómo lo haga... eso ya me da absolutamente igual", declaró a Efe Rose Sarinas.

"En Filipinas la gente solo reacciona al autoritarismo, y Duterte es el único lo suficientemente autoritario como para poner un poco de orden en este país", agrego la trabajadora filipina que, sin ninguna duda, acudirá a votar el 9 de mayo.

A menos de dos semanas de la cita a las urnas, las últimas encuestas indican que Duterte está a la cabeza de la carrera presidencial con un 35 por ciento de la intención de voto, 12 puntos por encima de su rival más inmediato, la senadora Grace Poe.

Al menos 52 civiles han muerto este viernes en un bombardeo lanzado por aviones de la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en la población siria de Bir Mahali, informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.

En un comunicado, esta organización, que cuenta con una red de voluntarios sobre el terreno, aseguró que según los habitantes de la zona el número de víctimas mortales podría aumentar debido a que hay 13 personas desaparecidas.El Observatorio informó el viernes del ataque, pero se limitó a asegurar que había unas 70 víctimas entre muertos y heridos, sin ofrecer más detalles.

La ONG, que condenó lo ocurrido, agregó que los fallecidos pertenecen a al menos seis diferentes familias.

“Está claro que hubo errores en las informaciones (recogidas para lanzar el ataque)”, dijo por teléfono el director del Observatorio, Rami Abdelrahman, quien pidió una investigación sobre lo ocurrido y que los responsables sean juzgados.

Según Rami, al parecer, se dijo que había vehículos de yihadistas de Estado Islámico dentro de la aldea de Bir Mahali, por lo que se pregunta “¿Cómo han podido morir tantos civiles y ningún combatiente de Daesh (acrónimo árabe del Estado Islámico)?

“Es una masacre”

“Normalmente (en los ataques) hay pérdidas civiles, una, dos, tres, seis… ¿Pero un número tan grande de civiles?, es una masacre, una masacre en todo el sentido de la palabra. Tiene que haber una investigación sobre quién dio la información”, continuó el responsable de la ONG.

El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos condena en los términos más enérgicoesta matanza perpetrada por la coalición internacional contra una población del término municipal de Serrin en la provincia de Alepo, bajo el pretexto de la existencia de miembros de la organización Estado Islámico”, asegura la nota.

No ha habido ninguna reacción por parte de las fuerzas de la alianza internacional y Abdelrahman piensa que no se pronunciarán sobre lo ocurrido porque, según él, no suelen reconocer la muerte de civiles.

Para Abdelrahman, que denunció también los bombardeos y ataques indiscriminadoscontra los civiles por parte de algunos grupos rebeldes o el grupo Estado Islámico, así como las incursiones aéreas por parte del régimen, subrayó que el “ciudadano sirio se ha convertido en la primera y última víctima en Siria”.

Según el Observatorio, desde que el pasado 23 de septiembre, la coalición internacional comandada por Estados Unidos, comenzó los bombardeos en Siria contra el EI, 66 civiles habían perdido la vida. Una cifra que, con los nuevos datos, se sitúa en 118.

Brigada de los Mártires Badr

En este sentido, recordó que un francotirador de las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, mató el viernes al máximo responsable de la Brigada de los Mártires Badr, Jaled Sarach, más conocido como Jaled Hayani, en la ciudad de Alepo (norte).

Según Abdelrahman, la Brigada comandada por Hayani es responsable de la muerte de al menos 568 civiles, entre ellos 130 niños, en bombardeos con proyectiles de morteros y de fabricación casera contra barrios residenciales en Alepo controlados por las autoridades centrales.

En cuanto a las fuerzas leales al Gobierno de Damasco, el Observatorio informó el pasado 20 de abril, de que en los últimos seis meses aviones y helicópteros del gobierno habían lanzado 13.084 ataques, en los que murieron al menos 2.312 civiles y 704 hombres armados.